En la última semana se inició un debate que para los grandes medios de comunicación pasó algo inadvertido y, sin embargo, es de gran envergadura para la vida nacional, principalmente para la vida de los trabajadores y la construcción de un proyecto nacional y popular.
El diputado de la CGT Héctor Recalde, uno de los pocos representantes que tienen los trabajadores en el órgano legislativo, anunció la elaboración y presentación de un proyecto de ley que reglamente lo establecido en la Constitución Nacional respecto de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Esto generó una serie de entredichos entre él y Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT por un lado, con el titular de la UIA, Héctor Méndez, y el titular de la FIAT Argentina, Cristiano Rattazzi, por el otro. Sin embargo, algo que pasó más inadvertido aun, es el posicionamiento político acerca del tema que realizó el Gobierno nacional a partir de los dichos de la viceministra de trabajo, Noemí Rial, en una entrevista publicada en Tiempo Argentino el domingo pasado.
Como afirma Rial en dicha entrevista, la cuestión de la participación de los trabajadores en las ganancias está contemplada en la Constitución nacional, en el artículo 14 bis de la Constitución reformada en 1957 bajo la dictadura militar, que vino a derrocar el gobierno de Perón y con ello las victorias conquistadas por los trabajadores durante ese proceso político. Cabe aclarar que dicha reforma constitucional vino a borrar de un plumazo la Constitución del ’49, la cual señalaba en los artículos 38, 39 y 40: “La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”.
Dicha Constitución fue anulada bajo el criterio de haber sido sancionada en el contexto de un gobierno autoritario que no cumplió con las normas básicas institucionales para que la reforma tuviera la legitimidad necesaria. Nuevamente, la cuestión de la forma tapa la discusión del contenido: lo que se estaba intentando encubrir era la función social del capital y no cómo se había sancionado, ya que es incomprensible cómo hoy está en vigencia una Constitución reformada bajo una dictadura fusiladora como la Libertadora.
Es importante señalar esto para entender el contexto: estamos hablando de la participación de los trabajadores en las ganancias, algo que establece la Constitución reformada en 1957, y no de la función social del capital consignada en la Constitución peronista del ’49. A 61 años el piso de discusión es otro, y sin embargo la iniciativa fue tildada de cubanizante por el titular de la UIA.
El proyecto de Recalde se basa entonces en lo establecido por la Constitución nacional en su artículo 14 bis, en el cual se señala que “los trabajadores tienen derecho en la participación de las ganancias de la empresa, con control en la producción y colaboración en la dirección”. También está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo, en la cual se establece la presentación de un balance social para que los trabajadores puedan saber acerca del futuro de la empresa y, por ende, el propio, así como también tener información sobre las ganancias de la empresa y poder sentarse a negociar sus salarios y su participación en aquéllas.
La importancia de contar con esa información es imprescindible para los trabajadores. Esto lo demuestra el aumento del 32% que obtuvo el gremio de la alimentación, aumento que logró a partir del conocimiento de los balances de las empresas del rubro y su cotización en Bolsa.
Hoy en día sólo el 20% de las firmas cumplen con la obligación de presentación del Balance Social a los trabajadores con copia al Ministerio de Trabajo, obligación a la que están sometidas las firmas de más de 300 empleados. Entre los principales rubros que cumplen encontramos el telefónico, bancario y petrolero, rubros donde justamente los trabajadores tienen mayor poder económico en cuanto a su salario. La única forma de incrementar ese porcentaje, afirma Rial, es con la acción conjunta de los sindicatos y el Estado.
Puntualmente, el proyecto de Recalde contempla la conformación de un organismo tripartito entre la patronal, la CGT y el Estado, a través del cual se implemente. La idea central y más importante es la utilización del concepto de ganancia, ya que su importancia es la que define cuál es la participación de los trabajadores y no el tamaño o cantidad de trabajadores. Al gravar la ganancia, puede tratarse de establecimientos pequeños pero altamente tecnificados que genera altas utilidades, o puede tratarse de grandes grupos. A su vez, al tratarse de ganancias se le quita la posibilidad de argumento por parte de la patronal que la iniciativa genera desinversión, ya que la reinversión de utilidades no será contabilizada a los fines de la participación. Esto, entonces, generará el efecto contrario y promoverá la reinversión.
¿Cuál es la novedad de esta discusión? Que se empiecen a discutir las ganancias. ¿Por qué el salario de los trabajadores debe discutirse en paritarias con el Estado y la patronal, y las ganancias la patronal no las discute con nadie? Discutir con cuánto de la torta se queda el capital es un avance importantísimo en este proceso. Es discutir, nuevamente, cuál es la participación de los trabajadores en relación con el capital en el producto del país, en la riqueza que nuestro país produce.
Pero con la participación de los trabajadores en las ganancias no se está discutiendo esto sólo en términos salariales, sino que se discute a partir de cuánto de la ganancia del capital pueden apropiarse también. Y ni hablar si pudiéramos empezar a discutir, como también afirma la Constitución, acerca de la participación de los trabajadores en el control y direccionamiento del proceso productivo.
Los dichos de Méndez y Rattazzi son muy expresivos de la poca conciencia nacional de algunos de nuestros industriales. Subsumidos en la idea dominante de que el desarrollo proviene sólo si podemos exportar nuestros productos, antes únicamente agropecuarios y ahora también industriales, siempre dejan a un lado el de sarrollo y calidad de vida del mercado interno, compuesto por los trabajadores en primer lugar. Desde esta óptica, al sector industrial le va bien si logra exportar, cuestión que bien está llevando adelante según los últimos datos sobre las exportaciones del sector que muestran cifras récord. Lo que intentan ocultar bajo esta argumentación es que no están dispuestos a discutir la distribución de la riqueza. Es por ello que comparan a nuestro país con Cuba, nada más ni nada menos.
Sin embargo, en dicho país no existe la ganancia, por tratarse de un país con un sistema económico socialista en el cual la propiedad es social y el Estado tiene mayoría accionaria en las empresas. En este caso bien vale la comparación con otros países dentro del sistema capitalista y de la región, entre los cuales encontramos distintos signos políticos y, sin embargo, ya cuentan con legislación y aplicación de regímenes de participación de los trabajadores en las ganancias, aunque de distintas maneras. Estos países son México, Perú, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela.
Estos ejemplos muestran que la verdadera discusión no es si nos acercamos cada vez más a Cuba, sino que dentro de los marcos del sistema capitalista hay países en los cuales los trabajadores están participando de las ganancias sin por ello tratarse de gobiernos socialistas o comunistas. Lo que no quieren discutir los titulares de la UIA y de la FIAT, por decir un ejemplo, es que puede existir un capitalismo donde no todo sea un viva la pepa, donde los trabajadores vayan adquiriendo cada vez más participación en la distribución de la riqueza y así alcanzar el anhelado 50%-50% que algunas vez supimos conseguir.
La discusión acerca de Cuba, Venezuela, socialismo, capitalismo, es una discusión del campo popular, a lo cual le podemos decir a Méndez y Rattazzi que nos la dejen a nosotros. Lo que ellos sí saben es que en cuanto vayamos avanzando en medidas como la participación de los trabajadores en las ganancias, por ejemplo, más se empoderan los trabajadores, sean ocupados o desocupados, más se empodera el campo popular para definir los rumbos del proyecto nacional y popular.
(por Ariadna Somoza Zanuy,publicado por Buenos Aires Economico 10/09/2010)
