En la Argentina, según datos actualizados de la Uatre, en el campo hay unos 900 mil trabajadores en negro y sólo 600 mil blanqueados. Sus ingresos promedian 1400 pesos más la vivienda. Venegas, Secretario General de los trabajadores rurales, es y fue aliado incondicional de la Sociedad Rural y de Eduardo Duhalde. A favor de la 125 y en contra de las mejoras de sus representados es necesario resolver la situación de los trabajadores de un de los sectores que más rentabilidad tienen.
El próximo miércoles la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados discutirá un nuevo marco regulatorio para las relaciones laborales en las actividades rurales, a partir del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo el 22 de junio pasado, y que tiene como objetivo finalizar con la precarización y la informalidad que impera en el sector.
La iniciativa del gobierno busca remplazar a la Ley 22.248 sancionada por la última dictadura militar, y prevé la recuperación de derechos de los trabajadores. Entre otras medidas, establece la jornada máxima de ocho horas para los trabajadores del ámito rural.
El nuevo régimen prevé absorber las funciones de control que en la actualidad ejerce el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), un ente autárquico no estatal en el que hoy están obligados a inscribirse todos los empleadores y trabajadores rurales del país, y que está conformado por dirigentes de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Mesa de Enlace.
Con el nuevo marco legal, estas funciones pasarán a depender del Ministerio de Trabajo, lo que despertó la dura oposición de la UATRE, que conduce el duhaldista Gerónimo “Momo” Venegas
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